FOTO: CUARTOSCURO

Los hechos registrados en Puebla, en donde el Ejército fue atacado por huachicoleros, con un saldo de 10 muertos, cuatro militares y seis civiles; los enfrentamientos y narcobloqueos en Tamaulipas, al menos 12 fallecidos, así como las ejecuciones registradas en Guerrero y los hechos violentos reportados en la CDMX, elevan la percepción de que México vive en medio de una inseguridad desbordada, con índices de criminalidad sin precedentes.

Cobra relevancia el discurso que pronunció el presidente Enrique Peña Nieto ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el que reconoció que los índices de criminalidad despuntaron en algunas entidades del país, con más homicidios, secuestros y extorsión, luego de que por más de dos años presumiera que esos delitos iban a la baja.

El columnista José Cárdenas (“Ventana”, El Universal) refiere que 2017 podría ser el año más violento de la última década, pues sólo en enero y febrero se abrieron 3 mil 779 averiguaciones por homicidios dolosos, 331 denuncias más respecto a las 3 mil 448 actas contabilizadas en el primer bimestre de 2011, que era hasta ahora el año más letal desde que se miden ese tipo de delitos.

Crimen organizado en Puebla

Hay consenso mediático en señalar que los enfrentamientos entre elementos castrenses y huachicoleros dejan al descubierto la violencia y poder de reacción de estas bandas criminales en Puebla, que operan con total impunidad y en complicidad con autoridades locales y pobladores de los cinco municipios que comprenden el llamado “Triángulo Rojo”.

A lo anterior, se suma la investigación que autoridades federales realizan a Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo, considerado el segundo municipio con la mayor cantidad de tomas clandestinas reportadas. El edil y sus hermanos son señalados por liderar el robo de hidrocarburos en ese estado, en complicidad con “Los Zetas”, con el fin de abastecer las gasolineras de su propiedad.

Tanto los ataques como el bloqueo por más de seis horas a la autopista Puebla-Orizaba por parte de pobladores, y su exigencia de que el Ejército salga de la zona, son interpretados por medios de comunicación como un desafío de los ordeñadores de ductos a las Fuerzas Armadas.

Francisco Garfias (“Arsenal”, Excélsior) puntualiza que lo que sucede en Puebla, Tlaxcala y en algunas otras entidades donde se han detectado tomas clandestinas:

“Es lo que se llama la contaminación de la población: trabajadores que en la mañana son choferes, albañiles, electricistas, en la tarde se convierten en huachicoleros”.

Código Rojo en Reynosa

En Reynosa, Tamaulipas esta semana también estuvo caracterizada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y también contra las fuerzas armadas.  Los hechos del lunes pasado se consideran como violencia exacerbada por la delincuencia “que pelea a muerte, sangre y plomo el dominio de plazas clave para imponer su ley”, y en donde las autoridades locales y federales, incluidas las Fuerzas Armadas, han quedado rebasadas.

Los columnistas comentan que la población de Reynosa está secuestrada, pues mientras el ayuntamiento se limita a activar el semáforo de alarma por la grave situación de riesgo, se suspenden clases en las escuelas y se cierran comercios y oficinas, el gobierno estatal parece “echarle la bolita” a la Federación, la cual a pesar del despliegue de elementos no logra tomar el control.

A todo lo anterior, se suma el riesgo de una incursión violenta en Sinaloa, motivada por una “venganza” del hijo de Dámaso López, tras la detención de su padre, o los enfrentamientos que generarán los reacomodos de los liderazgos del Cártel del Pacífico, o la guerra entre bandas criminales por el control de la plaza.

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