Administración pública y sociedad: acción y compromiso compartidos

José Ramón González COLUMNISTAS José Ramón Gonzalez Chavez

Recientemente se han publicado resultados estadísticos que indican que en México una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía junto con la seguridad, la justicia, la economía, el empleo, es la deficiencia de los servicios públicos y en general, de la administración gubernamental, lo que merece de parte de todos, una reflexión seria y multidimensional.

Para ello, hay que considerar como punto de partida que una de las características singulares de la actividad humana es su constante transformación. El Estado, en tanto que entidad política sintetizadora de las realidades, necesidades y aspiraciones de una colectividad en un territorio determinado, adquiere el rostro que le marca su tiempo y le exige adaptarse a los cambios que le impone y la administración pública, como instrumento del poder público del Estado para convertir en actos concretos las necesidades colectivas, siempre ha sido sensible a esta dinámica.

Pero sucede que al paso del tiempo, las cosas se han ido complicando. La creciente interdependencia de los asuntos que ocupan a la comunidad, el cada vez más cerrado e imbricado tejido social, obligan a la Administración Pública a esforzarse por seguir el paso a la dinámica social, orientando sus políticas al establecimiento de estrategias horizontales de gestión sobre la base de que actualmente la eficacia de aquella, condiciona el desarrollo de esta, en un movimiento cíclico mediante el cual ambas se retroalimentan.

El Poder Público y el gobierno en general, sintetizan su crisis fundamentalmente en la contradicción entre una mayor demanda social de acción, en lo interno, y la existencia de una presión externa que lo obliga a intervenir cada vez menos. De tal forma, coexisten por un lado, una fuerte demanda de parte de la sociedad civil hacia el poder público para proporcionar servicios y apoyos de toda índole, en términos no sólo de cantidad sino también de calidad; y por otro, un “freno” implacable de política internacional que condiciona los acuerdos financieros y las tan odiosas “certificaciones” a que el poder público participe cada vez menor en la satisfacción de bienes y servicios sociales, con todo lo que esto conlleva.

Se dice que a escala mundial, las administraciones públicas -eslabones más vulnerables de nuestros modernos sistemas gubernamentales- sufren de problemas que a simple vista parecen similares, por lo que algunos han pensado en la existencia de una crisis “global” que, según ciertas mentes geniales, puede combatirse y aun resolverse mediante el empleo de patrones comunes (que es por donde van las recientes encuestas), idea que en el plano objetivo ya ha sido aplicada en muchos países y por cierto con no muy buenos resultados.

Es verdad que uno de los grandes males de la crisis mundial que se padece hoy en día es el desequilibrio entre las relaciones Sociedad-Estado. Sin embargo, también es innegable que dependiendo del papel que juega la administración pública dentro del Estado en donde opera, las actividades específicas que realiza, los intereses que persigue (y en algunos casos, que protege), cada país se ve forzado a reaccionar ante esta crisis con sus propios medios y desde una óptica particular; en otras palabras, a jugar el juego de la modernidad con sus propias reglas.

La modernización del sistema gubernamental (que ahora está de moda llamarlo Gobernanza) es indispensable para nuestro desarrollo. La forma de hacer gobierno tiene que modificarse, sin duda, pero ¿Dónde encontrar la clave de ese cambio?

No hay que perder de vista que la transición del Estado de Derecho al Estado Constitucional es ante todo reforma cultural. La administración pública, al igual que el sistema político, es una cultura en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarla implica un gran reto. No obstante, lejos de ser exógena, encuentra sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Sociedad.

La modernización no es sólo –como dijera Michel Crozier- “cuestión de máquinas“, ni puede darse mágicamente por decreto; ni tampoco es cuestión de exigir como de costumbre para después esperar del cielo la respuesta. El factor humano es fundamental para instrumentarla y ponerla en marcha. Es necesaria la voluntad política de servidores públicos y sociedad civil para saltar esa alta pero frágil barrera de la resistencia al cambio, que les permita con una actitud moderna, adquirir una idea nueva de lo público, “co-laborando” en la reconversión equilibrada del marco jurídico, político y social en el que dicha relación se desenvolverá en lo sucesivo.

Las organizaciones civiles y políticas tienen la responsabilidad ante sus miembros de adoptar frente a la administración gubernamental una posición crítica, pero también propositiva, que permita su participación cercana y comprometida, en tanto que ciudadanos-administradores, en los asuntos que afectan a su comunidad, complementando la acción de los órganos del poder público del Estado.

Por su parte, los funcionarios públicos deben realizar esfuerzos con talento y sensibilidad para lograr un contacto más directo con la comunidad; propiciar los necesarios cambios de actitud; ofrecer estrategias, procedimientos y mecanismos que sean simples, útiles y adecuados para mejorar la administración (y en particular, para mejorarse a ellos mismos), optimizando los recursos disponibles y tomando en cuenta las propuestas y la participación de todos los sectores sociales, así como las experiencias y fortalezas que sirvan cambiar positivamente la realidad.

Nos encontramos en un momento propicio para contribuir TODOS a la construcción de un nuevo orden ciudadanía–gobierno, promotor de la excelencia para el bienestar público, que goce de un sistema de organización y de gestión social más plural, más realista; en suma, más democrático y moderno.

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