Avala Suprema Corte bodas gay en Nuevo León, Chiapas e Hidalgo

Redacción TENDENCIAS

 

Los matrimonios y concubinatos entre personas del mismo sexo ya son válidos en Nuevo León, Chiapas e Hidalgo, según determinó este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Los magistrados de la Primera Sala declararon inconstitucionales los artículos del Código Civil en estas entidades que circunscriben las instituciones del matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer. 

La resolución se dio por la vía de un amparo solicitado en 2015 en Nuevo León y dos más de este año en Chiapas e Hidalgo. 

Lo anterior se dio al considerar que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por lo tanto, en un comunicado la SCJN indicó que la ley de cualquier estado que limite el matrimonio a parejas de distinto sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del mandato de protección a todo tipo de familias, previstos en la Constitución Federal.

Respecto al caso de Nuevo León, el documento destacó que se concedió el amparo a 48 personas residentes en esa entidad que se ostentaron como homosexuales y, al ser la segunda ocasión consecutiva en que determina la inconstitucionalidad del artículo 147 del Código Civil para el estado, ordenó remitir la resolución a la Presidencia de la SCJN, a fin de que informe al Congreso estatal sobre dichos precedentes, ello con fundamento en el artículo 231 de la Ley de Amparo.

Respecto de las medidas de reparación solicitadas por los quejosos, la Primera Sala resolvió que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas consigue restituir a los quejosos en el goce del derecho violado y constituye en sí misma una medida de satisfacción.

Con ello, los quejosos pueden acudir a otros procedimientos, como el establecido en la Ley General de Víctimas o el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, para obtener una reparación de los daños que invocan.

 

 

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