#BahamasLeaks: 431 mexicanos “guardan” su dinero en el paraíso fiscal

Redacción POLÍTICA

 

A cinco meses de la publicación de los Panamá Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer el nombre de funcionarios del gobierno, la farándula y empresarios que tienen “guardado” en el paraíso fiscal de Bahamas.

En las listas, reveladas este miércoles a nivel mundial, aparecen 431 mexicanos dueños de empresas offshore en Bahamas. Entre ellos hay abogados, integrantes del sector privado, ex funcionarios y un ex gobernador.

Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que investigará a todos los que aparecen en esa lista. A través de un comunicado, anunció que revisará el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales con la colaboración de la Unidad de Intransigencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

¿Qué son los Bahamas Leaks?

Bahamas Leaks, como se le ha llamado, se compone de 1.3 millones de documentos del registro mercantil de ese país obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ e incluyen información de 175 mil 88 compañías, trust y fundaciones registradas en la isla entre 1990 y 2016.

Cerca de 100 periodistas de distintas naciones analizaron cerca de 38 gigabytes de información que serán publicados en una base de datos, que además se podrá “cruzar” con la base de los Panamá Papers para identificar quién tiene su dinero en estas naciones.

¿Cómo funcionan  los paraísos fiscales?

El diario El Confidencial de España señala que registrar una compañía en Nassau, la capital de Bahamas, permite mayor relajación en los controles sobre el origen del dinero, mayor libertad para disponer de los fondos, opacidad y confidencialidad, según la opinión de todos los expertos consultados por el medio.

En lugares como Bahamas  Panamá se pueden crear sociedades llamadas ‘offshore’, que se constituyen allí para aprovechar las ventajas fiscales y el secretismo de los movimientos del dinero, no porque realicen una actividad económica.

Este tipo de sociedades no son ilegales, siempre y cuando el beneficiario la declare ante las autoridades fiscales de su país de origen.

El problema es que los socios no informan a su país que su dinero está en estos países y así evaden impuestos. Después de que se dieron a conocer los Panamá Papers, el Sistema de Administración Tributario (SAT) abrió una investigación contra todos los que aparecieron en la lista.

De acuerdo con el ex titular de la dependencia, Aristóteles Núñez, las pesquisas en México aún no han concluido.

Los fichados por Bahamas Leaks

La lista incluye a varios empresarios mexicanos de distintas s áreas, como Marcos Achar Levy,  Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, de la empresa de pinturas Comex; Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, tiene una empresa desde 1994 en ese lugar.

El empresario de Nuevo León Dionisio Garza Sada está en la lista, lo mismo que los integrantes de la familia González Zabalegui, dueños de “La Comer”, que están vinculados con al menos ocho empresas offshore.

María Teresa Martín Bringas, accionista de la tiendas Soriana y considerada entre las mujeres más ricas de México, es directora de una empresa en la isla.

Los funcionarios de gobierno y sus familiares que también aparecen en los documentos son Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León; Niurka Saliva Benítez, esposa del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En la misma empresa que tiene el subsecretario también están los que fueran sus socios de despacho, Julio Esponda y Alberto Zinser, primo del abogado que defiende al ex gobernador Rodrigo Medina.

Los empresarios de los medios de comunicación utilizan también Bahamas para guardar su dinero.
Martha Debayle y Joaquín López-Dóriga López Ostolaza tienen una empresa cada quien.

Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, dueños de Grupo Imagen, Excélsior y una cadena de hospitales registraron sus empresas entre 2012 y 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto,  en la cual obtuvieron la tercera cadena de televisión abierta.

Y cerrando la lista aparece Ricardo Pierdant, el empresario acusado de prestar su departamento en Miami a la Primera Dama, Amgélica Rivera, a cambio de contratos para la construcción y manejo de puertos marítimos.

 

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