CIDH exige investigar a Peña Nieto por tortura sexual en Atenco

 

Funcionarios  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen una investigación sobre el ataque sexual que sufrieron 11 mujeres durante el enfrentamiento en San Salvador Atenco hace una década. La investigación podría apuntar al presidente Enrique Peña Nieto, advierte el diario The New York Times.

Estas mujeres, que eran comerciantes, estudiantes y activistas, fueron violadas, golpeadas, penetradas con objetos de metal, robadas y humilladas.  A una mujer la forzaron a practicarle sexo oral a varios policías.

El diario señala que en ese entonces, Peña Nieto era el gobernador del Estado de México y fue quien ordenó reprimir a los manifestantes de esa comunidad. En los operativos murieron dos personas y la policía detuvo a más de 40 mujeres, que fueron enviadas a la cárcel.

Once de esas mujeres acudieron a la Comisión Interamericana —con apoyo del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos—, la cual encontró que la policía las torturó sexualmente.

“No lo he superado ni tantito”, dijo una de las mujeres, Patricia Romero Hernández, llorando al reportero del diario. “Es algo que me acecha y no se sobrevive a algo así. Se queda contigo”.

La oficina de la Presidencia respondió The New York Times que la CIDH no responsabilizó ni ha nombrado a Peña Nieto como un objetivo de la investigación. Incluso, señalan que las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos nunca lo han señalado como el responsable de las agresiones sexuales a las mujeres.

“Sería impreciso confundir una orden para el uso legítimo de la fuerza con la decisión de ciertas personas de abusar su autoridad”, dijo Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Nadie puede decir que hubo una orden para permitir el abuso de la fuerza”.

No obstante, la Comisión Interamericana  ya exigió una investigación para determinar la responsabilidad en toda la cadena de mando, la cual señala a Peña Nieto como el gobernador que ordenó la represión. También pidió medidas disciplinarias y penales contra las autoridades estatales que  impidieron el acceso de las mujeres a la justicia.

La Comisión entrego su informa a la Corte Interamericana la semana pasada. Si  está de acuerdo, la Corte puede ordenar a México la indagación sobre el caso, en la que estará incluido el presidente.

Gobierno minimizó abusos

La CIDH sugiere que el gobierno de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México minimizó lo hechos e incluso quiso ocultar los hechos. Su administración persiguió a las víctimas en lugar de buscar a los policías que cometieron las torturas; cinco mujeres estuvieron encarceladas más de un año acusadas de atacar a los elementos de seguridad y una de las que fue violada varias veces pasó dos años en la cárcel por cargos falsos.

El gobierno estatal negó las acusaciones de las mujeres y las llamó mentirosas. Peña Nieto aseguró en medios locales  que las mujeres hacían una táctica utilizada por grupos radicales; acusar a los policías de violencia sexual para desacreditar al gobierno.

Años después, el gobierno tuvo que aceptar que sí ocurrieron los hechos y aseguró que ha ido tras los responsables, de acuerdo con el diario. Sin embargo, los 34 funcionarios de bajo rango que llegaron a juicio en agosto pasado no son suficiente para las víctimas.

A 10 años de los hechos de Atenco, las mujeres no tuvieron acceso a la justicia pronta y expedita que promete el Estado, al contrario, en ese tiempo sufrieron amenazas, intimidación y trauma psicológico.

Más no por eso, abandonaron su denuncia. Decidieron llevarla a la CIDH, que ahora exige una investigación más a fondo, que se suma a la crisis que vive la administración de Peña Nieto por la crisis económica, social y política que se vive en el país.

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