Cultura de la legalidad. De la implementación por decreto al compromiso real

 

Uno de los grandes problemas de México, aún sin solución objetiva, es el de la llamada cultura de la legalidad, término que en el contexto del proceso de modernización integral del sistema jurídico que estamos viviendo es inadecuado al llevar una contradicción implícita, que podría corregirse refiriéndonos a ella más bien como “cultura de la juridicidad”, en virtud de que actualmente, alejándonos (o pretendiéndonos alejar) del modelo positivista clásico que ha imperado durante tantas décadas, lo jurídico abarca mucho pero mucho más que solo las leyes.

En México no existe, o mejor dicho, se ha perdido esta cultura de la juridicidad, indispensable en la construcción de todo Estado Constitucional; su ausencia constituye uno de los factores determinantes en el intento por modernizar el sistema jurídico mexicano en general y, en particular para el establecimiento y consolidación de mecanismos como la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad.

Buena parte de los problemas que vivimos actualmente en nuestro país se deben a esta carencia de Cultura de la Juridicidad, de la cual TODOS, no solo “el gobierno” como algunos pretenden hacer creer, somos corresponsables. Parafraseando a Luigi Ferrajoli en la construcción, aplicación y dación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría: también algo qué hacer, pues hoy como nunca lo jurídico es ante todo un producto colectivo, en el que deben participar no solo los jóvenes y las mujeres, también los adultos, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, los trabajadores, los campesinos, y todos los demás grupos sociales cuyos miembros deben cumplir y hacer cumplir sus normas, principios y prácticas, ya no como sucedía antes por obligación, sino principalmente por persuasión y convencimiento del valor jurídico y político que las normas pretenden proteger.

Para crear cultura de la juridicidad me parece que, primero que nada, hay que construir pensamiento crítico, y para eso es indispensable hacer uso de la poderosa herramienta de la Argumentación, disciplina que como sujeto de enseñanza, aprendizaje y estudio es aún más antigua que el propio Derecho y que de acuerdo al nuevo modelo de Estado Constitucional se erige en columna vertebral en el proceso creación, operación e interpretación de lo jurídico.

El primer requisito para construir un nuevo sistema constitucional y de justicia es la aceptación por todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad, del compromiso a asumir para que sus principios normas y prácticas se conviertan en hechos concretos y tangibles; solo a partir de esta premisa básica es posible la planeación, instrumentación y operación de acciones específicas para lograr el cambio de modelo, la eliminación de los vicios arraigados, el cambio de paradigmas sobre el papel que tenemos –reitero, todos sin excepción- como miembros integrantes –al mismo tiempo sujetos y actores- de nuestra sociedad.

En el caso de los estudiantes universitarios esta responsabilidad es aún mayor y no solo concierne a los que están en la carrera de Derecho, como también erróneamente se pretende inculcar, sino de todas las disciplinas. Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también los todos los miembros de la sociedad tenemos la responsabilidad social y política (de Politeia (Politeia) lo que nos interesa a todos, independientemente de nuestras preferencias y expectativas personales) de aportar nuestra opinión y contextualizar el impacto de los diversos instrumentos jurídicos en nuestro quehacer cotidiano, independientemente de que sea a lo que nos dediquemos, cuenta tenida de que en todos lados hay reglas que cumplir, derechos que ejercer y respetar, irregularidades que denunciar y atacar, fuerzas que unir para transformar positiva y efectivamente nuestra realidad.

El avance del Estado autoritario al Estado de Derecho y de este al Estado Constitucional no es tarea solo de abogados, ni de legisladores, ni de jueces, ni de gobernantes, implica la movilización y activación completa de la sociedad para que la cultura de la juridicidad deje de ser un buen propósito y se convierta en una forma de ver y vivir la vida y de por vida, en una actitud hacia sí mismo y los demás.

Para los asuntos complejos ninguna acción es pequeña, todas cuentan y contribuyen a la construcción del edificio de la nueva juridicidad. La transformación propia es en sí un resultado concreto en favor del cambo social.

Por desgracia vemos que todos los organismos sin excepción que deberían estar encargados de apoyar y promover esta cultura de la Juridicidad, ya sean públicos, privados o sociales, son los menos interesados en ello. Baste constatar la poca importancia que, desde al menos hace poco más de 8 años que inició formalmente el proceso de reforma al sistema constitucional y de justicia, en los hechos, le han dado en sus presupuestos de promoción, capacitación y comunicación social, comparativamente al que le han dado a otros temas como el de género, solo por mencionar uno de tantos.

Tampoco vemos en las universidades y centros de educación superior, menos aún en los demás niveles educativos, intenciones de modificar planes y programas de estudio, de capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la cultura de la juridicidad.

En fin, independientemente de sus implicaciones logísticas y técnicas, el nuevo sistema constitucional y de justicia no podrá pasar de su pretendida implantación por decreto a su implantación real hasta que no se diseñe y opere una estrategia seria y convencida que busque y consiga logra que cualquier persona incluya dentro de su bagaje cultural, de su “chip” de cultura general, el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro estado constitucional como una práctica cotidiana de vida.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *