El Palmarito reaviva la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior

Perfilan periodo extraordinario de sesiones, ante la urgencia de discutir el marco legal que regulará el actuar del Ejército en las calles, así como la figura del Mando Mixto

FOTO: CUARTOSCURO

El análisis de los videos en donde se observa una emboscada por parte de presuntos huachicoleros a un convoy del Ejército, y una supuesta ejecución extrajudicial de un civil a manos de un soldado, sigue acaparando primeras planas.

Hay un consenso mediático en señalar que tras los hechos registrados en Palmarito, Puebla, es urgente concretar la Ley de Seguridad Interior. Tras las imágenes difundidas se apunta hacia un periodo extraordinario de sesiones, ante la urgencia de discutir el marco legal que regulará el actuar del Ejército en las calles, así como la figura del Mando Mixto.

Columnistas comentan que no importa cuáles sean las disposiciones finales incluidas en la referida ley, pues nada es peor que la falta de reglas, “aunque ningún protocolo puede aceptar la ejecución de un sospechoso ya sometido y desarmado”.

José Cárdenas (columna “Ventana”, El Universal) considera que lo ocurrido en Palmarito revela la urgente necesidad de un marco regulatorio de las actividades militares en el combate a la delincuencia y un reglamento estricto que evite a elementos incapaces poner en tela de juicio la labor de toda la milicia.

Añade que los sucesos ponen a prueba los protocolos de las Fuerzas Armadas tanto en la realización de operativos como en el adiestramiento de sus elementos.

Sergio Sarmiento (columna “Jaque Mate”, Reforma) señala que mientras el Ejército esté realizando labores de policía es quizá inevitable que se registren casos como el sucedido en Palmarito. Opina que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de las funciones de seguridad, y éstas deben ser asumidas por una policía profesional.

Pero si no hay opción, deben contar con protocolos claros de actuación.

Algunas voces refieren que al mismo tiempo, el Gobierno debe asumir una posición más enérgica contra el robo de combustible, pues la actitud laxa que ha asumido lo único que provocó es que este ilícito creciera de forma desproporcionada. Formadores de opinión señalan que las autoridades permitieron que pobladores de algunas comunidades pensaran que la extracción ilegal de hidrocarburos era un derecho adquirido, situación de la que se aprovecharon las bandas criminales.

(FOTO: CUARTOSCURO)

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