Fiscalía hará otro peritaje en basurero de Cocula

La Procuraduría General de la República hará un nuevo peritaje en el basurero donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Cocula, en el sur del país.

El fiscal especial del caso Alfredo Higuera dijo en una entrevista con The Associated Press que “podría ser lo más pertinente”, aunque varios estudios han desechado la hipótesis.

Higuera indicó que el nuevo análisis, el quinto que se realiza en el basurero, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí”, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Pero este es un apartado… no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, añadió.

El fiscal indicó que no están aferrados a una hipótesis, aunque sí deben esclarecerse todas las cosas sobre lo que se dijo allí y lo que dice la ciencia.

Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones que hizo el ex procurador Jesús Murillo Karam. Por ejemplo, las referidas a que los teléfonos de los alumnos de la escuela de Ayotzinapa fueron quemados junto con los cuerpos en ese basurero. Higuera indicó que una decena de celulares de los estudiantes se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Las autoridades recabaron pistas sobre el posible lugar de la desaparición, lo que los llevó a utilizar nueva tecnología de rastreo terrestre ha ubicado ciertos sitios donde se iniciarán en breve nuevos operativos de búsqueda. Esta semana se anunció que los grupos de búsqueda utilizan equipos rusos y alemanes para continuar las investigaciones.

El fiscal también indicó que se investigan todos los indicios aportados hasta el momento tanto por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Indicó además que la agencia federal de investigaciones de Estados Unidos, FBI, está colaborando con México en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona que habrían sido manipulados.

Los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial y aseguraron que no había pruebas que pudieran concluir que los jóvenes fueran quemados en el basurero. También denunciaron a funcionarios de distintos niveles del gobierno por obstruir la acción de la justicia.

 

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