Globalización, seguridad e información: del dicho al hecho…

Redacción COLUMNISTAS José Ramón Gonzalez Chavez

 

La seguridad es una de las causas primigenias de la organización social y por ende una de las actividades medulares del poder público del Estado a través de actos de gobierno. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que los problemas de seguridad se tornan más y más complejos y en este campo cada vez más actores manera directa o indirecta desempeñan un rol de cuya importancia es creciente.

Sin duda, la globalización ha provocado en mayor o menor medida una apertura de los mercados, principalmente de los países del llamado mundo occidental, lo que ha generado en términos estratégicos, por un lado, nuevos retos y oportunidades para el crecimiento económico, al abrir nuevos y más amplios espacios de interacción; pero por otro, ha conllevado nuevas debilidades y amenazas, entre las que se encuentra una severa crisis en materia de seguridad, propiciada –entre otras cosas, por supuesto, no es la única- por la globalización del crimen organizado, no solo en aspectos del orden federal, como el tráfico de drogas, armas y personas, el lavado de dinero, la piratería o el contrabando, sino también en actividades ilícitas del orden penal local o común, como el robo de autos, el robo a transeúnte, el robo de autotransporte ligado al comercio informal de mercancía de procedencia ilícita y este, a su vez, a los intereses políticos de líderes que en muchos casos tienen nombre y apellido.

Las formas de operación de la delincuencia organizada son cada vez más sofisticadas, sus herramientas y medios de ataque como sus mecanismos de impunidad son cada vez más variados y complejos. Es por ello que resulta inaplazable el diseño y puesta en operación una estrategia de enfoque multidimensional y multidisciplinario que estudie, diseñe y realice acciones concretas y contundentes para que los hechos y actos delictivos que se presenten sean tratados de acuerdo a su propia y cada vez más compleja naturaleza y características, desde una óptica de gran angular, que horizontalmente contemple bajo un mismo eje conceptual sus implicaciones a nivel comunitario, municipal, estatal, regional, nacional, internacional y global y verticalmente valore y atienda integralmente su impacto en lo jurídico, penal, administrativo, social, político, económico, etc., lo cual sólo podrá lograrse con una colaboración y coordinación efectivas entre los órganos públicos, los privados y la sociedad.

Pero ser exitoso contra el delito y la inseguridad en un Estado Constitucional implica ante todo contar con un marco normativo actualizado, que permita la coordinación intra e interinstitucional; que articule políticas públicas y acciones institucionales y conjuntas; que brinde una atención de mayor calidad a la población; que dé una mayor transparencia en la actuación de los servidores públicos y las instituciones involucradas; que sea más eficiente en la lucha contra la delincuencia para prevenir y combatir la impunidad y ante todo con estrategias y acciones concretas orientadas en ese sentido.

Con base en este marco, es igualmente imprescindible e inaplazable lanzar una reforma administrativa de fondo, capaz de lograr instituciones lo suficientemente bien organizadas, flexibles, dotadas de autoridad y recursos adecuados y suficientes para realizar en términos normativos, políticos, técnicos y materiales todos los esfuerzos necesarios que produzcan mejores condiciones de seguridad para la población en todos los niveles y sectores, en todos los lugares.

Ambas reformas -la jurídica y la administrativa- encuentran en la información un sólido sustento, pues su objetividad y contundencia dependen en gran medida de la producción, con cada vez mayor calidad y valor agregado, de bases de datos homogéneas y organizadas, a partir de las cuales las instituciones de seguridad pública –de manera individual y coordinada- generen información siempre objetiva, oportuna y útil para el conocimiento –repito- multidimensional y multidisciplinario de cada problemática en cuanto a su origen, dimensión y contexto, ramificaciones, actores y sujetos, ubicación, grado, impacto y ámbitos de penetración; sus conexiones locales, estatales nacionales internacionales y globales. Ciertamente, la información de inteligencia en materia de seguridad pública debe contribuir a conocer y comprender para comunicar, orientar, recomendar, decidir y actuar.

Desgraciadamente todo esto parece ser una verdad de Perogrullo, luego de más de 20 años de que se instauró el sistema nacional de información sobre seguridad pública, cuyos resultados no han tenido un impacto notable en las condiciones de seguridad en el Estado, esto es, en la población, la seguridad territorial, el establecimiento y renovación del poder público y la transparencia y efectividad en los actos de gobierno.

Si bien el trabajo institucional y la coordinación de los organismos públicos es crucial para diseñar, instrumentar y aplicar una política pública integral de seguridad pública, resulta igualmente importante motivar, educar e involucrar y motivar a la sociedad civil para que contribuya también de forma eficaz a la solución del problema, convirtiéndose realmente en un eje transversal capaz de participar en el incremento cuantitativo y cualitativo de información con la que pueda generarse inteligencia, empleando para ello nuevos métodos, tecnologías y medios que impulsen la denuncia, la reflexión proactiva, la cooperación comunitaria.

Todo lo anterior en mayor o menor medida también ha sido parte de la retórica de gobiernos, partidos y organizaciones públicas. Privadas y sociales; los ciudadanos nos seguimos preguntando hasta cuando la parte retórica y metodológica del asunto, brincará la zanja y pasará de los dichos a los hechos? Los medios se encargan de restregarnos en la cara las cifras y notas sangrientas, aunque omiten otras tanto o más alarmantes en términos criminológicos. ¿Por qué no ha cuajado la estrategia de seguridad? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué decisiones ha faltado por tomarse?

 

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