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La Ley de Seguridad Interior debe aprobarse antes del 30 de abril

Redacción POLÍTICA

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han planteado aprobar la Ley de Seguridad Interior (LSI) antes del próximo 30 de abril, fecha en la que llegará a su fin el actual periodo ordinario de sesiones. Ellos son los que llevan la mano: de las tres propuestas que hay en la Cámara sobre esta regulación, la del PRI es la que parece cobrar mayor peso.

Las tres iniciativas de Ley de Seguridad Interior que existen fueron presentadas por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; el diputado del PRI, César Camacho Quiroz, y el senador del PRD, Miguel Barbosa.

Pero fue la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados quien emitió una opinión a favor de la propuesta priista que, de acuerdo con organizaciones sociales y académicos, favorece la militarización de la seguridad pública, situación que rechazan la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Expertos han advertido la importancia de establecer mecanismos, antes de aprobar la LSI, para fortalecer a las corporaciones civiles como la iniciativa de mando único policiaco del Ejecutivo, que el Senado convirtió en mando mixto.

Al respecto, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) estimó en un pronunciamiento, que en la ley propuesta la intervención militar desmotivará las reformas policiales locales en los estados y dejará al margen la inversión en materia preventiva.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se involucró en el debate y aseguró que la LSI busca legitimar y legalizar lo que hasta ahora es inconstitucional, además de insistir en la letalidad del Ejército en labores de seguridad y el aumento de la violencia en los lugares del país donde intervinieron.

#SeguridadSinGuerra

La iniciativa #SeguridadSinGuerra, en la cual participan académicos, organizaciones, activistas y figuras públicas, sostiene que la Ley no atiende los problemas que han llevado a que las Fuerzas Armadas hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. Sus integrantes sostienen que las autoridades civiles deben solucionar la crisis de inseguridad y violencia.

Piden trazar un plan de regreso escalonado de los militares a sus cuarteles y un programa de profesionalización que en verdad logre instituciones policiacas eficaces y confiables.

Opinión pública

En días recientes se publicaron dos encuestas en las que se evalúa la confianza que tiene la sociedad en diversas instituciones del país, entre ellas el Ejército y la Marina.

Tanto en la del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, como en la de Buendía & Laredo, la Marina aparece mejor evaluada que el Ejército.

En la de Buendía & Laredo, 61% dijo confiar mucho en el Ejército, por 67% que opinó igual de la Marina.

En el ejercicio del CESOP, 38.6% de los consultados dijo confiar mucho en el Ejército; 45.8% opinó lo mismo de la Marina.

Este mismo estudio de opinión revela que 68.4% de la población está de acuerdo con otorgar un marco legal de actuación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que competen a los cuerpos policiacos, pero 55% rechaza que la Ley faculte al Ejército y la Marina para intervenir comunicaciones y recolectar información privada.

Pero los gobernadores quieren al Ejército

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados comenzó una serie de reuniones con gobernadores y alcaldes para intercambiar puntos de vista sobre la Ley de Seguridad Interior.

Al primer encuentro asistieron los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y de Michoacán, Silvano Aureoles. El principal enfoque de los medios es que los mandatarios urgieron a aprobar la Ley.

Reconocieron que a 10 años de la presencia del Ejército y la Marina en tareas de combate al crimen organizado no se trabajó en capacitar y certificar a las policías, por lo que sigue siendo necesaria su presencia en estados altamente violentos.

El mandatario tamaulipeco destacó que ahora no concibe a su entidad sin la participación de las Fuerzas Armadas. Admitió que más de 50% de sus policías no aprobaron los exámenes de control de confianza, por ello hay que dar tiempo para integrar policías sólidas y libres de vínculos con el crimen organizado.

El gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo, invitado originalmente a esta reunión con legisladores, manifestó que el apoyo de soldados y marinos ha sido de gran aportación para enfrentar los temas de seguridad pública en su entidad.

Desde hace dos administraciones las policías municipales y estatales comenzaron a verse rebasadas en algunas regiones por la violencia, el aumento de la capacidad de grupos del crimen organizado y las redes de corrupción al interior de las mismas, lo que hizo que se involucrara al Ejército y la Marina en labores de seguridad Pública.

Como advierten organizaciones y organismos internacionales, a más de 10 años de que el Gobierno Federal involucró a personal militar en tareas de seguridad pública, la violencia y las violaciones a los derechos humanos no han disminuido.

(FOTO: CUARTOSCURO)

 

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