Manuel Barreiro es investigado a escala internacional por lavado de dinero

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Manuel Barreiro Castañeda, el empresario y financiero señalado de estar detrás de la operación por la que el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro, aparece en una base de datos internacional de personas bajo investigación por lavado de dinero, de acuerdo con información otorgada al diario La Jornada.
 
Barreiro Castañeda fue incluido, el 2 de marzo pasado, en el listado World-Check One, elaborado por Thomson Reuters para apoyar a instituciones financieras, empresas y gobiernos de todo el mundo a contar con información de personas políticamente expuestas y sus asociados y familiares, con el fin de dar cumplimiento a obligaciones regulatorias y legales de prevención de delitos financieros.
 
Fechado el 12 de marzo de 2018, el documento en poder de este diario identifica a Manuel Barreiro Castañeda como un ciudadano mexicano que, de acuerdo con sus registros, al menos entre el 23 de febrero y el 2 de marzo de este año, estuvo en Canadá.
 
Barreiro Castañeda es clasificado, en ese documento, como una persona políticamente expuesta (PPE), una figura que se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en los gobiernos federal o locales; el poder Judicial o Legislativo y en partidos políticos, así como a las relaciones comerciales o de negocios con los familiares o asociados cercanos a las PPE.
 
Desde octubre de 2017, la Procuraduría General de la República indaga una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de 54 millones de pesos recibidos por el hoy candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development, que según el Servicio de Administración Tributaria emite facturas por servicios inexistentes, de acuerdo con el portal Animal Político.
 
La base de datos de Thomson Reuters es utilizada por 49 de los 50 bancos más grandes del mundo, así como por nueve de cada diez empresas internacionales y 300 agencias de gobierno e inteligencia para tratar de identificar potenciales riesgos empresariales y de seguridad nacional.
 
El listado se alimenta de registros de juzgados, comunicados de prensa, sanciones, investigaciones fiscales o penales publicadas de manera oficial, y también de información divulgada por la prensa.
 
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