Notario no reconoce su firma en compra de bodega de Ricardo Anaya

Redacción Destacadas POLÍTICA

La venta de una nave industrial en 2016 se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya. Las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compró, después de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo a través de un esquema de lavado de dinero.
 
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él. Las críticas por supuesta corrupción, no obstante, golpean desde hace semanas al candidato de la coalición Por México al Frente, que denuncia un ataque orquestado por el presidente, Enrique Peña Nieto, para perjudicarle y un “uso faccioso” de las instituciones.
 
Una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento accionarial en la empresa que compró la nave. El notario que supuestamente autorizó el cambio accionarial en la compañía, un político de un partido aliado histórico del PRI, aseguró la pasada semana ante la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación.
 
La Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación a finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular, Raúl Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional.
 
Fuentes oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. El titular de Hacienda era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 
La investigación de la Fiscalía incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados. Galindo y Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR.
 
En sus declaraciones, junto a decenas de documentos relacionados con la investigación, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato.
 
Tanto Galindo como Rodríguez señalan que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya. Según la declaración de Galindo, Barreiro les indicó que no quería que se le relacionase con el candidato, por lo que requería de sus servicios “con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deberíamos diseñar”.
 
Por su parte, Daniel Rodríguez, apuntó: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble”.
 
De esta forma, prosigue, se lograría “hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos años”.
 
Con información de El País.
 
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