ONGs denunciarán al gobierno ante PGR por espionaje

Redacción POLÍTICA

Las organizaciones civiles detrás de la propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas, como los refrescos, interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto espionaje por parte del gobierno del que fueron víctimas.

El anuncio se dio luego de que el sábado pasado el diario The New York Times reveló que Simón Barquera, director de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO; y Alejando Cavillo, director de El Poder del Consumidor, fueron víctimas de espionaje través de sus teléfonos móviles.

En conferencia de prensa, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) confirmó que los teléfonos de los activistas fueron intervenidos por un programa espía desarrollado por la empresa NSO Group, la cual desarrolla este tipo de herramientas exclusivamente para gobiernos.

Los aludidos recibieron varios mensajes de texto a partir del 8 de julio y hasta el 17 de agosto de 2016, una semana después de que promovieran un aumento en el impuesto a las bebidas azucaradas. Dichos mensajes contenían un vínculo que era un código invasivo de un programa espía.

Los mensajes iban desde difamaciones hasta supuestas notas de distintos medios donde se citaba a los activistas.

R3D denunció que el estado mexicano es cliente de NSO Group, y que este tipo de malware solo puede adquirirse por el gobierno, por lo que no cabe duda que fue una instancia gubernamental la que intervino a los activistas.

“Derivado de estas conclusiones resulta indispensable y urgente la apertura de una investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada”, indicó la organización en un comunicado.

Los activistas dijeron que están en el proceso de armar la denuncia, la cual será presentada ante la PGR en los próximos días.

Asimismo, dieron a conocer que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar el espionaje del que contra activistas y periodistas en México.

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