PGR investiga si policías municipales “pusieron” a los militares en Sinaloa

La Procuraduría General de la República investiga a las policías municipales de Badiraguato y de Culiacán, para determinar si participaron en la emboscada que atacó a un convoy militar y dejó a cinco soldados muertos.

Los elementos de seguridad fueron atacados cuando trasladaban a un sujeto que presuntamente es el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, de la comunidad de Badiraguato hacia Culiacán.

En caso de que esa hipótesis se refuerce, será la línea de investigación principal para determinar si alguien avisó a los narcotraficantes sobre la ubicación de las camionetas oficiales con 17 elementos de ejército a bordo y la ambulancia de la Cruz Roja que trasladaba al detenido herido, de acuerdo con El Universal.

La PGR dio a conocer que a través de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) abrió una carpeta de investigación en Culiacán. La indagatoria será contra de quien resulte responsable del delito de homicidio, daños, lesiones y la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dos días después de los hechos, se dijo de que los hijos de “El Chapo” eran los responsables de la emboscada, pues querían rescatar a su tío. Sin embargo, los jóvenes se deslindaron de los hechos a través de mensajes que comunicó su abogado, José Refugio.

Debido a los mensajes que ha dado a conocer en distintos medios de comunicaciones, la PGR ya mandó llamar al abogado para que declare lo que sus clientes han dicho.

Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, dijo que gracias al tiempo de reacción de 8 minutos de la policía municipal y estatal preventiva se evitó que los lesionados se desangraran.

Por otro lado, López Valdez aseguro que la administración local otorgó a los miembros del Ejército, la Marina y elementos federales un seguro de vida en 2015, por ello, las familias de los elementos fallecidos recibirán un millón de pesos por indemnización.

En tanto, organizaciones sociales, empresariales, banqueros, legisladores y analistas condenaron el ataque al convoy militar y cerraron filas a favor de los soldados asesinados, mientras  que el Senado de la República condenó como un acto de barbarie irracional, publicó Milenio.

 

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