Los Zetas controlaban a las policías de Coahuila y Tamaulipas (y el gobierno lo sabía)

Juan Luis Ramos POLÍTICA

Los policías municipales de San Fernando, en Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de la organización criminal de Los Zetas cuando ocurrió la masacre de 72 migrantes en 2010 y la desapariciones de 42 personas entre 2011 y 2012, en dichos municipios, según concluye un informe elaborado por el Colegio de México (Colmex) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

De acuerdo con el reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, el grupo delictivo tenía comprados a 36 policías en San Fernando y 20 en Allende; cada mes les pagaba a los elementos alrededor de mil 500 pesos.

Según el reporte, las tragedias de San Fernando y Allende ocurrieron principalmente debido a el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila, como resultado de la complicidad de algunos agentes del Estado.

El documento señala que Los Zetas pagaban 61 mil 500 pesos al mes a 20 elementos de la policía en Allende, cuyo sueldo promedio era de 6 mil 324 pesos por elemento.

En el caso de San Fernando no se específica cuánto recibían los elementos de seguridad por parte de la organización, aunque se asegura que Los Zetas completaban los bajos salarios de los policías, que ascendían a 5 mil 187 pesos al mes, en promedio.

El 22 de agosto de 2010, fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos a los que les dispararon por la espalda porque se habían negado a pagar para ser liberados o a trabajar para Los Zetas.

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En Allende la Procuraduría General del Estado estima que entre enero de 2011 y agosto de 2012 desaparecieron 42 personas a manos dela organización criminal, aunque hay versiones de que en ese periodo el número de desaparecidos pudo elevarse hasta 300.

“Todos recibíamos dinero de Los Zetas, unos obligados y otros por gusto”, señalan los testimonios de elementos de la policía recabados por el reporte coordinado por el académico del Colmex, Sergio Aguayo.

Incluso, fueron los propios elementos de la policía los encargados de levantar a distintas personas de apellido Garza en el municipios de Allende, por órdenes de los delincuentes.

Asimismo, el estudio subraya que las autoridades municipales eran, en el mejor de los casos, “figuras decorativas”, ya que nunca actuaron en contra de los grupos del crimen organizado.

Mandos policiales tenían órdenes específicas

De acuerdo con la investigación del Colmex y el CEAV, los policías y autoridades sobornadas por Los Zetas tenían órdenes específicas que debían ejecutar, principalmente la de ignorar las denuncias y reportes de la ciudadanía sobre actos ilícitos.

Asimismo, la policía hacía las funciones de vigilantes para el cártel, ya que el comandante en turno colocaba a los elementos bajo su cargo en diferentes puntos de la ciudad para que pasaran todas las novedades.

Los policías tenían instrucciones de avisar cuando llegaba o pasaba el Ejército, la Marina o fuerzas especiales, así como del arribo de vehículos con matrículas de otras entidades, ante el temor de Los Zetas de que entrara un grupo criminal para hacerles competencia.

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De igual modo, por la cantidad que pagaban a las autoridades al mes, Los Zetas tenían la puerta de las prisiones abiertas  para liberar a sus aliados en el momento que  quisieran o entrar a golpear a algún preso.

“El jefe de plaza visitaba la cárcel como si estuviera en su casa, sin que nadie le dijera nada”, indica uno de los guardias entrevistados.

Los elementos policíacos también debían cobrar derechos de pisos a cantinas, negocios y a las sexoservidoras, cuotas que entregaban directamente al cartel.

Finalmente, la policía tenía que participar activamente en los levantones y en la entrega de personas a los criminales.

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