Seguridad, alta prioridad para el desarrollo de Sinaloa, afirma Quirino Ordaz

Redacción POLÍTICA

El gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el que su prioridad será garantizar la seguridad de la entidad para que pueda crecer y sea competitiva.

Además, otros ejes principales de este plan serán: gobierno eficiente y transparente; economía próspera y competitiva; desarrollo social y humano; desarrollo sustentable e infraestructura.

“Vivimos un recrudecimiento de la violencia criminal. A partir de ello, tenemos que tomar decisiones puntuales, acertadas y eficaces”, dijo el mandatario ante académicos, funcionarios y empresarios.

En el tema económico dijo que se echará a andar urgentemente una reconversión productiva que eleve la competitividad del sector agroalimentario, para aprovechar al máximo la producción pecuaria, agrícola y pesquera de la entidad, con valor agregado derivado de su vínculo con el sector industrial.

Para ello, se impulsará la logística, impulsando la construcción de los ejes carreteros interestatales, Badiraguato-Parral, Topolobampo-Chihuahua, Culiacán-ciudad de Durango; además de un gasoducto.

“Por supuesto que esto nos permitirá volvernos más atractivos a la inversión productiva, tanto extranjera como nacional, con lo que generaremos los empleos bien remunerados que el estado necesita y la población demanda”, aseguró.

El Turismo es otro sector fundamental, por lo que se enfocará en mejorar la infraestructura, conectividad aérea, terrestre y marítima.

En este propósito, dijo que uno de los objetivos principales es volver mucho más atractivo a Mazatlán con el embellecimiento de su centro histórico y ampliación del puerto, así como garantizando el suministro de agua a través de la construcción del Acueducto Miravalles.

“Con esta infraestructura terminada, estaremos listos para ser la sede del Tianguis Turístico 2018”, puntualizó.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, dijo que envió al Congreso local iniciativas como la reforma al Código Penal para sancionar como delitos graves el peculado, el cohecho y el abuso de autoridad de los servidores públicos, así como para crear la Fiscalía Autónoma y la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

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