Sistemas de Seguridad Pública enfrentan “una grave crisis” por violaciones a DDHH: Consulta Nacional

Susana Madrid Escutia Destacadas México

Corrupción, ausencia de imparcialidad, violaciones a los derechos humanos y deficiencias en las procuradurías han llevado a los Sistemas de Seguridad Pública a “una grave crisis” que desemboca en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, reveló la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.

En el estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Procuraduría General de la República (PGR) se detalló que la transición al modelo acusatorio no se ha realizado de manera armónica; sumado a que las personas no identifican a qué órgano deben acudir para que se dé seguimiento a actos delincuenciales.

“Las indefiniciones del modelo federal de distribución de competencias contribuyen a la generación de incertidumbre y diluyen responsabilidades”, se lee en las conclusiones.

Ante la magnitud de los problemas a los que se enfrentan los sistemas de procuración de justicia, se dejó claro que la solución no se concretará en un corto plazo e incluso resultaría “ingenuo e irresponsable” ofertar resultados positivos de manera inmediata.

“Se necesita la articulación de un acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno”, apuntaron, además de la participación de la sociedad civil.

La Consulta encabezada por Sergio López Ayllón, presidente del CIDE y por Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que las recomendaciones para que comiencen los avances en la materia abarcan reformas constitucionales y al marco legal existente.

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Así, los especialistas en la materia concordaron en que la Carta Magna debe contemplar en el artículo 21 a modo de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública incluya a la Justicia Penal para crear un modelo normativo que vincule a la policía con el ministerio público.

Con el artículo 73 se pretende expandir las facultades del Congreso para crear un Código Penal Único; mientras que con las reformas al 102 se buscaría que la Fiscalía General funcione de acuerdo con los resultados dela Consulta; y con el 116 se buscará establecer las bases para el modelo de procuración de justicia a nivel local.

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